Revista Puerto 29-01-2019 - Roberto Garrone Este lunes en la sede del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) los armadores de buques congeladores comenzaron a limar alcances y beneficios del proyecto oficial para renovar la flota pesquera, cuyos trazos más gruesos conformaron el borrador de DNU que el gobierno hizo público en la Mesa de Competitividad Pesquera e Industria Naval que se realizó semanas atrás en Puerto Madryn.

La reunión intercámaras convocada por Juan Bosch tuvo asistencia perfecta de representantes de la dueña de casa, CAPECA, CAPIP y CAPA junto con Armadores. Durante el encuentro, que se desarrolló en “buenos términos por la multiplicidad de actores e intereses”, de acuerdo a lo expresado por uno de los asistentes tras la reunión, desde CEPA sugirieron una serie de modificaciones alternativas.

El nuevo borrador que se llevó Bosch para seguir estudiando el tema y volver a juntarse la semana próxima, incluye la expresa intención del sector congelador de no introducir modificaciones a la legislación vigente.

El proyecto que circuló en Puerto Madryn establecía una serie de beneficios para proyectos de inversión y ampliación de cuota para aquellos armadores que decidieran construir sus nuevos buques en gradas nacionales, los cuales tenían que reflejarse en un cambio normativo.

El punto que más polémica causará en el debate futuro del proyecto de decreto asoma en el borrador propuesto por la Intercámara, y está referido a la importación de buques. Los armadores pretenden poder importar barcos nuevos o usados a arancel cero, sin especificar la antigüedad máxima o mínima de los bienes a importar.

La mayoría de socios de CEPA ha iniciado un proceso de renovación de buques pero ninguno ha elegido la construcción en astilleros nacionales. Moscuzza ya tiene uno de los tres congeladores encargados en Vigo, Valastro lo mismo y Solimeno compró buques usados a los que puso en valor y recortó la eslora, como el Rasmus Effersoe.

Durante la reunión los armadores cuestionaron ante Bosch la capacidad de los astilleros nacionales en construir buques congeladores de más de 30 metros, siendo dicha flota un porcentaje importante de la totalidad de buques a renovar, a pesar que ya están siendo construidos.

En el proyecto presentado la semana pasada refiere que “en el plazo máximo de 20 años desde la entrada en vigencia del presente Decreto, los buques con permiso de pesca vigente deberán tener una antigüedad inferior a 40 años desde la fecha de su construcción para ser despachados a la pesca. Los buques que acrediten una reconstrucción de más del 60% del buque podrán adicionar 20 años más por única vez”.

En el borrador que presentó ayer la intercámara, toma mayor relevancia la Prefectura Naval como órgano de control y fiscalización capaz de determinar la caducidad de la vida útil de una embarcación, algo en lo que existiría coincidencia con la propuesta realizada por los industriales navales.
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