Bichos de Campo 07-11-2018 - Matias Longoni Dicen que en la reunión de la semana pasada en Trenque Lauquen, tras escuchar una vez más a varios dirigentes del sector agrícola exponer sobre la necesidad de contar con una nueva Ley de Semillas que reemplace a la vieja legislación de 1973 y otorgue cobertura a los desarrollos de empresas como la ex Monsanto, el presidente Mauricio Macri dio la orden a los suyos de apurar la discusión en el Congreso, a ver si es posible aprobarla antes de que termine el año. Muchos se alegraron con ese gesto.

En Diputados, hace ya varios días que terminó la ronda de consultas a diferentes sectores interesados en esta discusión. Ante la Comisión de Agricultura que preside el entrerriano Atilio Benedetti, según cuenta bien la Fundación Barbecheando, circularon 50 oradores. Ahora queda tiempo para emitir un dictamen hasta el 20 de noviembre. Hay que apurar el tranco.

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Bichos de Campo pudo acceder a un borrador redactado por la Presidencia de la Comisión que enumera los puntos de consenso alcanzados hasta ahora por la mayoría de los bloques. El documento ya está circulando entre las diferentes entidades de la cadena agrícola, para que hagan sus apuntes finales. Sería algo así como el embrión de una legislación que comenzó a discutirse hace por lo menos ocho años y que dividió aguas en tiempos del kirchnerismo y en los tres primeros años de gestión macrista.

Estos son los puntos que contemplaría la nueva ley:

El derecho al Uso Propio de las semillas seguirá siendo gratuito, excepto para quienes no son agricultores familiares (inscriptos en el Renaf), pueblos originarios y micropymes.
Las facultades de control recaerán en el INASE y serán “exclusivas, excluyentes e indelegables”.
El pago de todos derechos de propiedad intelectual en las semillas se realizará en la compra de la bolsa.
Para los obligados al pago de regalías por uso propio, se autorizará la fijación de un precio máximo por un lapso de cinco años.
Mantenimiento de la exención del fitomejorador tal como rige en la actualidad.
La nueva ley será de “orden público” para el uso propio, la exención del fitomejorador, las facultades de control del INASE y el pago único de regalías en la bolsa de todos los derechos de propiedad intelectual.
El derecho de patente sobre un evento transgénico incorporado a una variedad vegetal se agotará o caducará con la inscripción de esta última en el Registro Nacional de Cultivares o Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, que administra el INASE.

Adicionalmente a estos puntos de acuerdo, hay un octavo ítem que está haciendo ruido en el sector. Sucede que propicia que finalmente se conforme el directorio mixto para el INASE, con representantes del Estado pero también con la participación de entidades vinculadas al tema, tanto de los semilleros como de los usuarios de semillas, que tendrán dos directores provenientes de las cuatro entidades gremiales tradicionales.

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La novedad, en este punto, es que el preacuerdo implicaría la incorporación al órgano de conducción del INASE de un representante de la UATRE, el gremio de los trabajadores rurales y estibadores. “¿Qué tienen qué hacer los trabajadores dentro del INASE?”, se preguntaba un dirigente rural que no podía dejar de vincular esa situación con el acuerdo que acaban de firmar la semana pasada ese sindicato y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) para propiciar convenios laborales específicos para dicha actividad.