La Voz del Interior 29-10-2018 - Alejandro Rollán Obligada por la necesidad de tener aprobado el Presupuesto 2019 y así cumplir con una de las exigencias acordadas con el Fondo Monetario Internacional, la Nación ya mostró todas sus cartas en materia impositiva.

Esa baraja tuvo al agro como uno de los principales jugadores, en una partida en la cual el aporte del sector será clave para cumplir con la meta del déficit fiscal cero.

La intención de eliminar la exención al pago del Impuesto a los Bienes Personales, propuesta para el año próximo, puso a los productores en estado de alerta. Al punto de haber llegado a analizar en el seno de la Mesa de Enlace Nacional la posibilidad de una protesta nacional.

En Córdoba, mientras tanto, la carga impositiva para el año próximo aún no tiene magnitud. Con menos presión que la Nación para definir su esquema, la Provincia recién comenzó con los primeros contactos con la dirigencia rural para mostrarles cuánto deberán aportar en el próximo ejercicio, a través del Impuesto Inmobiliario Rural.

Si bien fue para quejarse contra el Gobierno nacional, la Comisión de Enlace de Córdoba advirtió, con un pronunciamiento conjunto, que no tolerará de ningún nivel del Estado más presión impositiva. “Vieja receta aplicada por todos los gobiernos, sin distinción de bandería política ni jurisdicción territorial, cada vez que intentan justificar la búsqueda del equilibrio en las cuentas públicas”, advirtieron Cartez, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria Argentina.

¿A negociar?

Unos de los primeros en sentarse a la mesa de negociación con las autoridades de la Provincia son los consorcios camineros. De sus necesidades, para las labores de conservación y obras de emergencia a lo largo de 57 mil kilómetros de caminos rurales en la provincia, depende en parte el reajuste impositivo que el agro deberá afrontar en 2019.

En el actual ejercicio, los consorcios recibieron 1.200 millones de pesos para realizar hasta marzo próximo las tareas de conservación y la ejecución de obras. Desde la asociación que los agrupa, aseguran que ese monto no alcanzó. Sostiene que el precio fijado para la conservación tenía un reajuste del 22 por ciento respecto del 31 de diciembre de 2016 y que el combustible ya acumuló una suba del 66 por ciento. Consorcios camineros que tiene bajo su órbita el cuidado de una red de 100 kilómetros reciben dentro de este esquema, que paga un valor kilómetro/mes en función de las tareas certificadas, alrededor de 50 mil pesos mensuales para su funcionamiento.

En estos casos, según admiten los consorcistas, son los propios productores los que contribuyen con fondos propios al sostenimiento del sistema de caminos rurales.

Para este año, los consorcios solicitarían para conservación y obras en la red secundaria y terciaria 1.500 millones de pesos, un 25 por ciento más que el año anterior. Pero con la necesidad de que la porción destinada para mantenimiento sea muy superior a la asignada para mejoras.

La Provincia tiene hasta el 15 de noviembre para presentar en la Legislatura el Presupuesto 2019. Los dirigentes de la Mesa de Enlace esperan conocer en las próximas horas los términos de la propuesta impositiva.