Diario de Cuyo 25-10-2018 - Elizabeth Pérez El sector elaborador de vinos espumantes dio un paso importante ayer en su objetivo de eliminar un impuesto que les viene haciendo doler la cabeza desde hace 14 años: logró que la comisión legislativa de Hacienda y Presupuesto de la cámara baja incluyera en el texto del Presupuesto 2019, que se votará hoy en el Congreso (ver página 12), la exención del impuesto a este producto, según informó el presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Ángel Leotta.

De aprobarse, eso significa que ya no será necesario cada año esperar un decreto presidencial que los exima de pagar el tributo del 12% al que se ven obligados desde el 1 de enero de 2005, sino que será por ley.

Pero además, la modificación introducida al proyecto es mucho mejor de lo esperado: prevé que hasta el 31 de enero del 2021 las bodegas elaboradoras tendrán que pedir anualmente la eximición del pago del impuesto, demostrando que han reinvertido en el rubro. Y a partir del 1 de enero de 2022 queda definitivamente eliminado este gravamen.

Este paso es crucial para el sector vitivinícola que lleva años peleando para que se reconozca que el espumante es un tipo de vino y los vinos en Argentina no tributan impuesto interno. Además se cae así el argumento combatido por la vitivinicultura, que encuadraba al espumante como un producto suntuario para aplicarle un impuesto interno del 12% como a las joyas y buques, por ejemplo.

""Esto es un logro de Coviar y de los gobiernos de las provincias vitivinícolas. Hemos peleado tanto, pero al final, lo que cuesta, vale", dijo Leotta. Si bien aún falta la sanción de la ley, el bodeguero dijo que "es seguro que se va a aprobar".

Desde la Cámara de Bodegueros, su titular, Mario Pulenta, celebró los cambios logrados en el proyecto de Presupuesto 2019. ""Si se llegar a dar, sería bárbaro porque se ha trabajado mucho en este tema. Es un esfuerzo del sector pero también hay que reconocer al Gobierno nacional que ha entendido la racionalidad de un reclamo genuino, en un contexto tan difícil como el actual. Trae buenas expectativas para el sostenimiento del negocio", dijo el empresario.

Entre las bodegas que elaboran este vino gasificado también se evidenció alivio. Mauricio Colomé, desde Bodegas y viñedos Casa Montes, consideró la modificación como una medida ""totalmente acertada, porque el sector no soporta más impuestos", y se esperanzó en que al eliminarse el impuesto el sector de los espumantes va a seguir creciendo". El sector del vino espumante no es tan significativo en San Juan, donde sólo se cuentan con 7 establecimientos elaboradores según datos del Observatorio Vitivinícola, frente a un centenar en todo el país; pero para esas bodegas este paso repercute fuerte en su economía.

Según reproducen los medios mendocinos, el beneficio incluido ayer en el dictamen de mayoría del Presupuesto 2019 fue propuesto por el diputado radical por Mendoza Luis Borsani.

El origen del impuesto

Producto suntuario

La ley 25.239 de Reforma Tributaria, sancionada el 29 de diciembre de 1999, amplió el objeto de la aplicación de impuestos internos incorporando a las "champañas" como articulo suntuario y le aplicó un impuesto del 12%. De esa forma este tipo de vino quedó gravado junto a automotores, objetos suntuarios, motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves.

Un avance

En el año 2005 a través del decreto 58 se excluyó "a las champañas del ámbito de aplicación del gravamen previsto en el Capítulo VII del Título II de la Ley de Impuestos Internos" con la finalidad de obtener una mayor competitividad y un mejor posicionamiento de dicho producto en los mercados nacional e internacional. Pero no fue gratuito.

Obligación de invertir

El mismo año 2005 se suscribió el "Programa de Expansión del Sector Vitivinícola" donde las empresas asumieron el compromiso de invertir durante diez años el equivalente al 125% del gravamen, agregando además que las referidas inversiones no podrían ser inferiores a $150 millones a lo largo de diez años. Desde entonces se viene prorrogando esa exención por sucesivos decretos.