Apertura 24-10-2018 - MANUEL PARERA La posible inclusión de los inmuebles rurales en el impuesto a los bienes personales, del que estaban exentos, impactaría de lleno en los costos de la producción. Según advirtió la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), uno de los primeros impactos que tendría la imposición del gravamen, contemplado en el proyecto de Presupuesto 2019, sería un “fuerte” aumento en los arrendamientos.

“Esto no es un dato menor en función de que el 70% de la agricultura se hace en campos alquilados”, afirmó Eduardo Rodríguez, titular de Economías Regionales de la entidad.

El directivo además sostuvo que el proyecto podría afectar también el precio de los alimentos. “Esperamos que los diputados den marcha atrás con esta idea que va en contra de la inversión. Seguir gravando a los productores agropecuarios nunca puede ser la solución”, comentó.

Ayer el oficialismo avanzó con dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para hoy mismo dar tratamiento al proyecto en el recinto. Allí sin embargo, se habría consensuado eximir del impuesto a los Bienes Personales a los campos, aunque afirmaron que será parte de la discusión, según advirtió el titular de la comisión Luciano Laspina.
La iniciativa prevé subir el mínimo no imponible de los actuales $ 1,05 millones a $ 2 millones, además de una alícuota plana de 0,25% para bienes con una valuación superior a $ 20 millones (en el cual se incluye a todos los campos), a ser aplicada con la valuación fiscal de 2017. “Es decir, si prospera la derogación de Ganancia Mínima Presunta, tal como dispone el Presupuesto 2019, ahora todas las personas físicas que sean propietarias de campos comenzarán a pagar el impuesto patrimonial de Bienes Personales el año que viene”, afirmaron desde CAME.

La situación se da en un contexto ya crítico para el nivel de actividad del sector. El índice que mide el nivel de operaciones y transacciones inmobiliarias rurales, que lleva adelanta la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) arrojó un fuerte freno en el sector, en este caso a causa de la devaluación. “Promediando el último trimestre del año, desde la entidad percibimos que la actividad inmobiliaria rural no logró, de momento, alcanzar los niveles de reactivación esperados desde un comienzo. Lo que oportunamente se presentó como un ligero indicio de reactivación, registrado hasta abril, comenzó a diluirse en forma significativa con las reiteradas devaluaciones del peso frente al dólar”, estimaron.

Desde CAIR, Gerardo Kahn, Vicepresidente, comentó a El Cronista que no hay más margen para la suba de impuestos y que la misma, de imponerse, impactará negativamente sobre la actividad. Aunque prefirió ser cauto a la espera de la discusión en el Congreso y de lo que finalmente se apruebe. “Veremos que sucede pero obviamente estamos en una actividad sobrecargada con la presión fiscal”.

Más fuerte jugó CRA que en un comunicado destacó que “esto golpea sensiblemente la percepción de seguridad jurídica y normativa tan necesaria para la definición de inversiones, y es que estas medidas después de un blanqueo generan muchas suspicacias”.

Respecto de los arrendamientos, Kahn precisó que los precios se mantuvieron estables en la última campaña, y que una posible suba dependerá más que del contexto interno, de los precios de los commodities que operan a nivel internacional. A nivel de las operaciones, desde CAIR afirmaron que los valores de los campos fueron en descenso en los últimos meses, en línea con lo que se venía produciendo en los últimos años. Pero en el contexto de devaluación, la concreción de operaciones se frenó “produciéndose situaciones tales como aquellas donde diversos compradores presionan para obtener una rebaja en los precios; y en forma simultánea, los vendedores persiguen el afán de obtener valores similares a otros periodos”.