Revista Puerto 10-10-2018 - Roberto Garrone La empresa Cayo Largo, armadora del buque fresquero María Gloria, denunció persecución y arbitrariedades por parte de la Dirección de Control y Fiscalización y del propio Subsecretario de Pesca de la Nación ante la suspensión, el mes pasado, del despacho a pesca de la embarcación por un hecho ocurrido el año pasado.

El María Gloria entró en Mar del Plata el 6 de octubre de 2017. Era la última marea de una temporada fructífera. Según detalla el acta de descarga firmada por Miguel Alberto Etchegaray, el buque trajo 1276 cajones, pese a que tiene una capacidad de carga de 2900 cajones, que no fueron pesados en el muelle; pero que no registró ninguna otra observación por parte del inspector.

La pesada es responsabilidad del organismo de control aunque es costumbre que la balanza sea aportada por los propios armadores. En este caso, no ocurrió ni una cosa ni la otra.

Eduardo “Carpincho” García es el armador de los buques María Gloria, Gaucho Grande y Marejada. Los tres con permiso para operar en la zafra de langostino en aguas nacionales.

“En marzo cuando voy a renovar el permiso a la pesca me dicen que había una diferencia en el canon por derecho de extracción. Dicen que me negué a pesar la carga y me correspondía una infracción por la disposición 9/2002. Hasta tanto no pagara la diferencia de kilos no podían renovarme el permiso”, dice el armador ante la consulta de REVISTA PUERTO.

Cayo Largo debió pagar la diferencia por el derecho de extracción pese a que aplicaron la Disposición 9/2002. En su Artículo 1 establece que “en caso de que la empresa armadora no prestare la colaboración necesaria para que los inspectores puedan proceder al control del pesaje de los cajones de pescado desembarcados, se considerará que el cajón resulta equivalente a 40 kg de la especie de que se trate”, según les especificó Augusto Dabini, de la coordinación de Aranceles Pesqueros de la Dirección de Administración Pesquera de la Dirección Nacional de Coordinación.

“Me aplican una disposición que no corresponde porque yo traigo langostino y los cajones pesaban 18 kilos, pero igual pago la diferencia para poder salir a pescar esta temporada”, cuenta el armador.

La marea sin balanza ni pesaje del María Gloria había quedado olvidada hasta el mes pasado. El 20 de septiembre la armadora fue notificada por la Prefectura de una disposición firmada por Remes Lenicov el 14 de septiembre, en que dispuso la suspensión preventiva del despacho a la pesca del María Gloria.

En el expediente Remes imputa “prima facie” la infracción al artículo 1 de la Resolución 408/2003. “Todos los buques deberán desembarcar sus capturas en forma clasificada de modo tal que las cajas, cajones o equivalentes no contengan más de una especie o producto en forma simultánea, en caso de que se desembarquen productos congelados, las cajas o equivalentes deberán estar debidamente rotuladas, indicando el nombre de la especie y, cuando correspondiere, el tipo de producto que contiene”, señala la normativa.

“Carpincho” García no sale de su asombro y explica que “el buque María Gloria descargó sus capturas en forma clasificada en cajones y con una sola especie: langostino, no cometí ninguna infracción”, afirma.

“La ausencia de peso no forma parte de la imputación efectuada en base a ese artículo por el que me sancionan parando el barco 30 días y una multa de 120 mil pesos. Es una locura… qué sentido tendría no pesar el langostino si no había nada que ocultar; mi barco carga 2.900 cajones y traje 1.276 cajones”, dice García, quien subraya que el Inspector en el apartado de Observaciones no efectuó ninguna anotación salvo la palabra “No”. “Queda claro que no tenía nada que poner”, agrega el armador.

Con el sumario García fue a pedir explicaciones a Remes y a Bosch. Justo en los mismos días en que otros armadores fresqueros acababan de ser suspendidos por excederse en los kilos de los cajones, tras fiscalizaciones en Camarones.

“Si es como usted dice, me presenta un descargo y al día siguiente lo libero”, cuenta “Carpincho” que le dijo el propio Subsecretario de Pesca. El representante legal de Cayo Largo elaboró el descargo que fue presentado el día 21 de septiembre, sin que haya resolución a la fecha. En Cayo Largo no descartan hacer una presentación judicial en sede civil y penal por sentirse particularmente afectados por una sanción que consideran “nula de nulidad absoluta”.

“Me dijeron que me allane para acortar los plazos de la suspensión, pero no lo voy a hacer. Ya les dije que no voy a pagar la multa ni me allanaré. Ya sé que pierdo mucho dinero al estar con el barco parado sin pescar langostino o merluza, pero a esta altura de mi vida, la plata ya no me interesa. Solo quiero que se sepa la arbitrariedad con la que se maneja esta gente que dijo respetar las leyes y cambiar las cosas en la pesca y no les importa tener una empresa parada sin producir ni dar trabajo por un capricho”, concluyó García.
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