Los Andes 03-10-2018 - Bárbara Del Pópolo Quebró la empresa Alco-Canale, la mayor exportadora de conservas de Mendoza, con plantas en Tunuyán, Tupungato y San Rafael, y mil trabajadores corren riesgo de quedarse sin trabajo. El dictamen del juzgado dejó abierta la posibilidad de que algún interesado pueda comprar las operaciones en Mendoza y con ello subsanar la situación local.

El subsecretario de Industria y Comercio de la provincia, Sergio Moralejo, pidió prudencia ante esta situación, porque sólo en Mendoza, la planta empleaba a 140 personas de forma permanente.

El funcionario explicó que la quiebra que dictó el juez Alberto Aleman del juzgado Nacional Comercial N1, aclara en el Punto 9 inciso B que “con el fin de preservar las fuentes de trabajo se ha decidido continuar la explotación de la empresa de forma inmediata”.
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El funcionario comentó que se ha designado un síndico y un vehedor, que serán los encargados de recibir las ofertas y controlar todo el proceso a fin de que continúen las operaciones comerciales. “En el mismo artículo se aclara que se evaluarán los proyectos que se presenten con prioridad para los que mantengan la actividad y a las fuentes laborales”.

En tanto que desde la empresa, Juan Reveco, responsable de Recursos Humanos, señaló que la empresa continuará con las operaciones, “resta saber con qué figura jurídica lo harán”.
Archivo / Los Andes

En cuanto a las razones que llevaron a la empresa a esta situación, explicó que la situación del país no ayudó a que llegaran las inversiones necesarias para evitar la quiebra. No obstante aseguró que estan trabajando con el ministerio de Trabajo de la Nación por la continuidad laboral, de los empleados permanentes, más los cerca de 600 que se contratan en temporada (cerca de 4 meses al año) y comentó que ya hay al menos dos posibles inversores.

Por su parte, Raúl Giordano, titular de Cafim, quiso manifestar la preocupación que existe desde la Cámara por “la situación de un colega”, ya que aunque hace tiempo que conocían que la planta estaba en problemas, esta nueva situación los tomó por sorpresa.
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“El sector está trabajando para mantener las empresas y poder elaborar en la próxima campaña, aunque el contexto no es claro. Mantenemos reuniones con el Gobierno y las entidades financieras buscando alternativas para paliar la actual situación”, agregó.

El grupo Canale, que lidera Iamsa (Industrias Alimenticias Mendocinas SA), alcanzó un acuerdo en abril del año pasado con el fondo de inversión norteamericano Greylock Capital para reestructurar el pasivo a cambio de acciones. Anteriormente, la empresa había recibido un salvataje financiero de Nación por $ 150 millones para que volviera a operar en 2015, después del concurso de acreedores que inició en 2010. Se estimaba que la empresa necesitaba no menos de 15 millones de dólares para capitalizarse y recuperar el ritmo normal de producción, no obstante, parecen haber encontrado más obstáculos, porque este martes se dictó su quiebra.
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Pedido de la oposición

El concejal del PJ en Tupungato, Pablo Leites, explicó que a pesar de que ayer se enteraron de la quiebra, venían trabajando en la posibilidad de que esto ocurriera, por lo que han mantenido conversaciones con los empleados y miembros de la Legislatura para llevar al Congreso un proyecto para que se estatice la planta y se conforme un equipo para “cooperativizar a los empleados”. Sobre la posibilidad de encontrar el apoyo de los bloques del oficialismo, Leites aseguró que han comenzado las conversaciones, pero aún no conoce si sería bien recibido el proyecto.

“Son mil empleados en todo el país y estamos, con la CGT, en conversaciones para que todos los bloques apoyen esto”, agregó.
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Por su parte, Patricia Fadel, jefa del bloque del P J en el Senado, explicó que van a “solicitarle al Ministerio de Economía que explicite un plan de emergencia financiera para todas las pymes, en especial para las que se encuentran al borde de la quiebra y los despidos masivos”.

La legisladora consideró que el Fondo de la Transformación y el Crecimiento de Mendoza tiene que instrumentar una “política activa, de puente financiero para atravesar la recesión económica, de lo contrario, se corren serios riesgos de que se profundice el corte de la cadena de pagos en la provincia”.