Revista Puerto 27-09-2018 - Nelson Saldivia A partir de octubre comenzará a aplicarse al arancel a la descarga de cajones de langostino en los diferentes puertos de Chubut, y ahora, la ciudad de Trelew reclama su incorporación al reparto, que estaba circunscripto a las ciudades portuarias: Rawson, Camarones, Madryn y Comodoro.

Esta semana, el Bloque “Frente de Agrupaciones”, presidido por la diputada Florencia Papaiani e integrado por los diputados Leandro Espinosa y Javier Cunha, presentó un proyecto de ley propiciando sustituir un artículo de la Ley I N° 620, que creó el Fondo Ambiental Provincial (FAP) a fin de posibilitar la incorporación de ciudades no portuarias que participan en el procesamiento del langostino, en el sistema de reparto de dicho Fondo, por caso la ciudad de Trelew.

La propuesta normativa de este proyecto de ley tiende a sustituir el artículo 3° de la Ley I N° 620, de esta manera: “El monto que resulte de la aplicación del FAP, se distribuirá de la siguiente manera: un cincuenta por ciento para la Provincia y el cincuenta por ciento restante se distribuirá en función del número de cajones descargado en cada puerto para el municipio correspondiente al mismo”.

“En caso de efectuarse el procesamiento de langostinos en municipios diferentes a los que se descarga el producto, los mismos tendrán derecho al cobro FAP, el que será descontado del porcentaje mensual destinado a la Provincia”, prevé la iniciativa.
Pasivos ambientales

Los diputados, en las fundamentaciones, sostienen que “Trelew, a pesar de no ser una localidad portuaria, juega un rol importante en el procesamiento de los recursos extraídos del mar, albergando en el ejido municipal plantas de procesamiento que producen desechos relacionados con esta actividad. Actualmente la ciudad cuenta con tres plantas procesadoras de productos del mar habilitadas para trabajar entre las cuales se procesa aproximadamente el 10% de lo desembarcado en Puerto Rawson”,

Tras consignar los crecientes desembarcos de langostino en los últimos años en el puerto capitalino (año 2013 con 20.251 toneladas, y año 2017 con 78.876,30 toneladas), expresan que “teniendo en cuenta que la descarga se hace en cajones de 18 kilos cada uno, Trelew procesó en el año 2017 aproximadamente 438.200 cajones de langostino”.

“Esto implica considerando los cajones de langostino procesados en Trelew durante 2017, y el valor de un litro de Diesel Premium YPF a $ 31,42, un monto de $ 6.884.122 en concepto de FAP para la ciudad de Trelew, si se tomara como parámetro el cajón de langostino procesado en plante y no el cajón de langostino descargado en puerto”, estiman los legisladores en su iniciativa.
Piden reparto equitativo

“El tratamiento de los productos provenientes de la actividad pesquera en general y del langostino en particular, generan un impacto ambiental que debe ser atendido de manera equitativa y equilibrada con respecto al tratamiento que se pretende brindar a través del FAP. Esto hace que sea necesario incorporar a las ciudades que participen en el procesamiento del langostino, el reparto de este Fondo creado por Ley I N° 620 en un todo de acuerdo con el Artículo 1°, inciso b) y Artículo 4° de la misma”, se argumentó.

“Sin la necesidad de ir en desmedro de las ciudades portuarias, se plantea la necesidad de que la provincia atienda la problemática que tiene la ciudad de Trelew y puedan llegar a tener otras localidades en el futuro sobre este tema. La alternativa sería aportar de su propia participación en el reparto de los recursos del FAP la cantidad proporcional necesaria para que Trelew no se vea relegado en la posibilidad de mitigar los efectos que produce la actividad pesquera en los ejidos que no son portuarios, pero soportan el procesamiento del producto”, aducen en el proyecto que hoy tomará estado parlamentario.
Evalúan amparo

En tanto, desde la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut reiteraron cuestionamientos hacia el gobierno provincial por haber promulgado la ley que creó el arancel, y continúan evaluando la presentación de un amparo al considerar que la imposición colisiona con el resto de la normativa tributaria.

“El Canon Pesquero (FAP) es un escándalo jurídico. Genera doble imposición, atenta contra los Convenios Colectivos de Trabajo del sector y expone las políticas de corto plazo y la falta de creatividad para resolver los problemas estructurales de la Provincia”, plantearon.
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