La Nación 10-09-2018 - Cristian Mira El aumento de los derechos de exportación que anunció el lunes pasado el Gobierno como medida de emergencia para frenar la crisis fiscal y cambiaria pone al descubierto una serie de debilidades estructurales. Algunas de ellas son propias de la agroindustria y otras tienen un sentido más amplio.

La primera debilidad que queda en evidencia es la institucional. La cadena agroindustrial -que abarca las instituciones de la producción, el comercio, la industria y los servicios- no tiene una unidad tal que le permita decirle al Gobierno en situaciones como estas: "señores, discutamos otra cosa que no sea el mantenimiento de las políticas antiexportadoras". Si por la fuerte depreciación del tipo de cambio era inevitable tomar una decisión como la que adoptó la Casa Rosada, como mínimo el sector no reaccionó para pedir alguna medida o política que mejore la competitividad. Los funcionarios repiten como un mantra que una de las razones de la crisis económica que vive el país fue la sequía que afectó la cosecha gruesa de la campaña 2017/18 por la que se perdieron 30 millones de toneladas de granos y el ingreso de divisas por 8000 millones de dólares.

En enero pasado, cuando los informes técnicos y las crónicas periodísticas ya advertían sobre la gravedad de la sequía no faltaban quien decía: "la pérdida se va a compensar vía precios". Mientras tanto, el país seguía sin tener un sistema moderno de seguros agrícolas. ¿Hubiera servido para mitigar el desastre? Probablemente no en su totalidad, pero sí hubiera afectado menos las cuentas de los productores.

Otro interrogante: si como dijo el Presidente, todos los sectores tienen que comprometer su esfuerzo, ¿por qué no se discuten otras alternativas como un bono, el pago a cuenta de otros tributos por retenciones, o descuentos impositivos a quienes adopten las Buenas Prácticas Agrícolas, produzcan novillos pesados o demuestren un compromiso social? En la emergencia económica, la cadena agroindustrial podría estar en condiciones de contribuir a mitigar el impacto de la brusca devaluación en los sectores sociales más desprotegidos. Tampoco se piensa en eso como carta de negociación.

En otras palabras, al sector se le quita pero no se le da nada en compensación. Se dirá que la devaluación del 60% en pocos meses mejora las exportaciones. En la historia económica argentina hay ejemplos de sobra para demostrar que esa ventaja se diluye al poco tiempo de obtenerla, porque los precios y los costos se adaptan a la nueva realidad.

Quizás lo que habría que debatir es la adopción de una política agropecuaria. Para muchos es una mala palabra porque les remite a la intervención del Estado, pero hay otros países que la tienen y algunos se cuentan entre los más liberales. Estados Unidos, por ejemplo. Otros llegan al extremo del proteccionismo, como los de la Unión Europea, pero también hay otros ejemplos como los de Brasil, Canadá o Australia que reconocen el valor estratégico de su agroindustria. Cualquiera sea el ejemplo que se tenga en cuenta en todos los casos tienen instituciones fuertes en sus cadenas agroindustriales cuya voz es reconocida en la toma de decisiones. No puede decirse que el actual gobierno no dialogue con la actividad agroindustrial. Hay unas 30 de mesas de competitividad en funcionamiento. El criterio es resolver los temas "paso a paso" y con varios se logra hacerlo. Sin embargo, el debate de las cuestiones estructurales que atraviesan a todas las cadenas está ausente.

La otra gran debilidad que quedó a la vista con el aumento de las retenciones es la política. Hay gobernadores peronistas y radicales que naturalizan los derechos de exportación como si fuera un bien heredado. Tienen el criterio de que una de las principales fuerzas económicas de sus provincias hay que exprimirla en vez de alentarla para genere más inversiones genuinas y trabajo. Hay varios ejemplos curiosos de este pensamiento. Uno de ellos es el del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que expresó su apoyo al aumento de las retenciones, pero parece no haber reparado que también afecta al principal empleador privado de su provincia, el Ingenio Ledesma, un conglomerado agroindustrial que produce azúcar, papel y frutas industrializadas, entre otras cosas. Hay ejemplos peores: el de los intendentes que reclaman la restitución del Fondo Sojero. No se les ocurre mejorar las condiciones de sus municipios para atraer inversiones o ajustar sus gastos, quieren que otros paguen la fiesta.

En todo caso, cuando pase la tormenta y el día se aclare habrá tiempo para discutir ideas diferentes que permitan corregir las debilidades estructurales.
Por: Cristian Mira