Revista Puerto 06-09-2018 - Nelson Saldivia La semana pasada, una jueza penal de Chubut dispuso el sobreseimiento de todos los imputados por “administración fraudulenta”, en relación al crédito de 10 millones concedido por parte del Gobierno Provincial a la ex Alpesca en el año 2013. La medida obedeció a que el fiscal resolvió no formular acusación.

A la absolución de los imputados, la medida sumó que las costas del proceso sean a cargo de quienes impulsaron la acusación original. La resolución judicial obliga a seis diputados de la anterior composición de la Legislatura de Chubut a desembolsar 774.132 pesos.

Los diputados del entonces bloque dasnevista “Modelo Chubut”, Jerónimo Juan Jesús García, Raquel Di Perna, Roddy Ingram, Ana María Barroso, Miriam Crespo y Mirtha Haydée Romero, fueron emplazados para que en el término de 10 días efectivicen el pago de honorarios a los abogados defensores Omar López, Miguel Ángel Moyano, Oscar Romero, Valeria Corbacho, Sergio Miranda y Fabián Gabalachis.

De los seis, dos siguen siendo diputados provinciales, Jerónimo García y Roddy Ingram. Transcurrido el plazo judicial de diez días podría ordenarse el embargo de sus dietas.

En tanto, Raquel Di Perna era la esposa de Mario Das Neves; Ana María Barroso es una veterana dirigente sindical de los gastronómicos; Miriam Crespo es esposa del exvicegobernador Mario Vargas y Mirtha Haydée Romero es docente jubilada. Ninguna de las cuatro está en funciones legislativas y deberán asumir las costas en el orden de los 130.000 pesos cada uno, por la causa impulsada contra el exgobernador Martín Buzzi, el exministro Coordinador, Carlos Eliceche, la exministra de Economía, Gabriela Dufour, el extitular de Ganadería y Pesca, Pedro Zudaire, además de los directivos de Corfo durante la gestión anterior, el empresario Omar Segundo, su hijo Juan Pablo y el exgerente de Alpesca, Carlos Molina, los cuales fueron sobreseídos del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Las otras partes solidarias que deberán abonar son la Fiscalía de Estado con un monto de $ 645.110 producto de los 500 JUS que determinó el juez en la resolución, mientras que el Ministerio Público Fiscal estará obligado a pagar $ 516.088 (400 JUS).
puerto