Bichos de Campo 28-08-2018 - Matias Longoni La AFIP y el Senasa anunciaron este lunes que trabajarán juntas para implementar un plan de control fiscal y sanitario sobre el sector frutihortícola, que se valdrá de un remito electrónico semejante al que entrará en vigencia para las carnes y se aplicará en etapas, primero sobre las hortalizas pesadas para avanzar paulatinamente sobre el mercado de verduras de hoja, dominado por la comunidad boliviana.

En una conferencia de prensa que contó con la presencia del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, los titulares de la AFIP, Leandro Cuccioli, y del Senasa, Ricardo “Ricky” Negri, señalaron que el primer paso de este plan será la unificación del documento de tránsito que actualmente se exige por separado. En adelante se tomará de base el DTV-e (Documetno de Tránsito Vegetal electrónico) que puso en marcha el organismo sanitario.

Bichos de Campo había anticipado hace algunos meses esta ofensiva, que se fundamenta en la necesidad de poner en caja un sector donde la informalidad es moneda corriente. En rigor, Cuccioli reveló que en 2017 la AFIP realizó un control sobre 55 mercados concentradores de frutas y verduras y allí detectó que 65% de los operadores presentaban alguna irregularidad, ya sea porque estaban mal encuadrados impositivamente o porque directamente no figuraban en los padrones fiscales.

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Los organismos de control tomaron valor para encarar la patriada de ponerse a trabajar en un blanqueo de esa cadena productiva en base a los buenos resultados logrados hasta hora en la cadena de ganados y carnes, donde con el sistema de pagos a cuenta se logró duplicar las ventas declaradas de carne vacuna y se incrementaron 117% los operadores registrados, al menos en el segmento mayorista. En ese rubro, Cuccioli y Etchevehere ratificaron que el 1° de septiembre comenzará a regir además el Remito Electrónicos de Carnes (REC), un documento para controlar el tránsito de mercaderías con el que se pretende extender el blanqueo hasta el último eslabón, el de las carnicerías.

Básicamente el renovado DTV-e frutihortícola tendrá el mismo fundamento: un productor que deba enviar un camión hacia los empaques o los mercados concentradores deberá solicitar ese documento en la página web de la AFIP. Luego, a los tres días, el receptor declarado de esa mercadería deberá “cerrar” el trámite abierto, ya sea confirmando la recepción de la carga o rechazándola.

“Esto nos permitirá en tiempo real interacturar entre AFIP y Senasa, y además podremos cruzar la información sobre el movimiento de gran cantidad de mercadería física con las declaraciones juradas de impuestos de cada contribuyente”, resumió Cuccioli.

En otras palabras, la AFIP sabrá si tal o cual productor envió un camión de papas al mercado central, tendrá esa operación confirmada por el comprador de la mercadería, y podrá comparar esos datos con los que declaró el contribuyente en materia impositiva. Y si las cosas no coinciden, le caerá encima.

Negri, que desde temprano se empeñó en mostrar que no van a la cola de una persecución fiscal sobre los productores, sí reconoció que la cuestión impositiva está estrechamente ligada a la calidad y sanidad de los alimentos que comen los argentinos. “La correlación entre informalidad (impositiva) y deficiencia sanitaria es muy alta”, indicó. También enfatizó que es muy alta la confianza que deben tener los consumidores en un producto cuando quienes se los venden les extienden el correspondiente ticket.

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En primera instancia, según dijeron los funcionarios, está DTV-e será exigido a los productores de hortalizas pesadas (cebolla, papa, zapallo, ajo, etcétera) y frutas, y en sucesivas etapas se irá avanzando hacia otros eslabones de la producción frutihortícola, como los invernaderos que producen tomates y verduras de hoja. Allí, según diversas estimaciones, está el núcleo más duro de la evasión impositiva y laboral.

También en etapas, el documento obligatorio de tránsito será exigido primero a los productores que envíen cargas grandes a fábricas, empaques y mercados concentradores, y luego (como se pretende hacer desde septiembre en la carne vacuna y porcina) a las cargas que vayan desde estos centros mayoristas hacia los comercios o verdulerías.

Según datos de la AFIP, en la cadena frutihortícola existen registros de 46.360 productores, unos 7.419 empaques o galpones concentradores, unos 8.577 operadores de mercados mayoristas y finalmente unas 112.859 verdulerías o puntos de venta. Ese es el universo del cual más o menos se tiene medida.

Negri dijo que la ofensiva fiscal y sanitaria vendrá de la mano de la aplicación obligatoria a partir de 2020 de un conjunto de Buenas Prácticas en Furtas y Hortalizas. “Con la inocuidad no se joroba en la Argentina”, enfatizó el funcionario. De todos modos, también reconoció que buena parte de la tarea de fiscalización en materia sanitaria recaerá en provincias y municipios, ya que el Senasa solo puede controlar el denominado “tránsito federal” entre provincias. Dijo que se invitará paulatinamente a ese tipo de administraciones a sumarse a esta ofensiva.

Ambos organismos, siempre con la colaboración clave de la Dirección de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA), también intentarán replicar controles semejantes en otras cadenas agroalimentarias. En lo que queda del año se establecerán diferentes controles informáticos sobre los molinos harineros y el sector avícola. Para 2019 en carpeta aparecen los lácteos, los productos de la pesca, la yerba mate y el azúcar.