Revista Puerto 10-08-2018 - Karina Fernández El Consejo tomó vista de algunas presentaciones referidas a justificaciones de inactividad y notas de empresas pero solo abordó en profundidad dos temas; uno de ellos, la renovación de la resolución transitoria que permite a las empresas devolver la cuota de merluza que no usarán en las mismas condiciones que se viene haciendo desde el año 2012. La norma no estipula que quienes hayan despachado los barcos a langostino perderán el beneficio; el Subsecretario de Pesca, Juan Bosch se había comprometido con la dirigente del SOIP a hacer uso de esa herramienta para revertir la crítica situación que atraviesan los obreros del pescado en la ciudad de Mar del Plata. En declaraciones a REVISA PUERTO, Ledesma dijo estar sorprendida y decepcionada.

El Consejo aprobó la Resolución 10 que, de forma transitoria como ocurre desde el 2012, les permite a los armadores devolver el porcentaje de cuota de merluza que no hayan utilizado para ser redistribuido por la Autoridad de Aplicación, sin ser pasibles de las sanciones que contempla el Régimen de Administración por Cuotas.

La norma no contempla la exclusión de este beneficio a aquellas empresas que no hubieren pescado la cuota asignada por elegir despachar sus barcos al langostino, tal como había prometido el Subsecretario de Pesca que se haría. Esta sería la herramienta con la que se buscaría reactivar la actividad de las plantas procesadoras, cuya merma desde hace años viene generando una fuerte disminución de fuentes de trabajo o solo permite mantener, en el mejor de los casos, a su personal con una garantía horaria. La no inclusión de este requisito es un duro golpe para los obreros del pescado de Mar del Plata.

“Bosch nos había dicho que buscaría la forma de que los barcos que se van al langostino no pudieran devolver la cuota. Nos dijo que sería una herramienta que utilizaría para revertir la grave situación que atraviesan los trabajadores”, confirmó Cristina Ledesma, secretaría General del SOIP a REVISTA PUERTO.

La Resolución establece, como se hace desde hace siete años, que el titular de CITC podrá poner a disposición del Consejo Federal Pesquero el volumen anual de la cuota, correspondiente al año 2018, que estime que no capturará, para integrarlo a la Reserva de Administración; y si lo hace antes del “31 de agosto de 2018, eximirá de la aplicación del artículo 13 al volumen puesto a disposición, computando el mismo como cumplido”.

Ledesma se mostró sorprendida por la decisión adoptada por el Consejo Federal Pesquero en el Acta 22: “Tenía entendido que se iba a tratar de cercar a los que van al sur, si no todo es una joda, van al langostino, no pescan la cuota de merluza y la devuelven sin que pase nada, sin que tenga ningún costo, los únicos que pagamos los costos somos nosotros. Con esta resolución en lugar de avanzar, retrocedemos”.

La Secretaria del SOIP informó que se reunió muchas veces con el Subsecretario de Pesca y con funcionarios de la cartera para buscar una solución al problema que aqueja a los trabajadores de planta que ella representa, como consecuencia de la migración de los barcos fresqueros a la pesquería de langostino.

“Nos reunimos mil veces pero vemos que ningún funcionario está dispuesto a darnos una mano, es una pésima noticia para nosotros, siempre tuvimos la esperanza de que nos iban a ayudar para salir de este embrollo, le pedimos ayuda a funcionarios de la Nación y de la Provincia porque son ellos los que tienen las armas para revertir nuestra situación. No nos ayudan y después el problema somos nosotros que reclamamos; pero qué podemos hacer si estamos acorralados”, concluye Cristina Ledesma.

El Régimen de Administración por cuotas de la merluza estipula que aquel que no use su cuota o la transfiera por dos años correlativos, perderá el porcentaje que no ha explotado. Es que uno de los parámetros para el otorgamiento de cuota fue la mano de obra y el fin que persigue es la maximización de los recursos y la generación de riqueza; permitir que devuelvan a la Administración las toneladas no pescadas sin penalización viola el espíritu y fin de la cuotificación.

Recordemos que esta medida se tomó de forma extraordinaria en el año 2012 para no castigar a los armadores que se vieron imposibilitados de despachar sus barcos a la pesca como consecuencia de un prolongado paro que decretó el SIMAPE en aquel momento. Pero desde entonces se renueva de manera sistemática esta modalidad de devolución de cuota sin que exista un motivo fundamentado. Desde hace siete años, el sector de los trabajadores de tierra está padeciendo las consecuencias de esta medida y la aprobación de esta Resolución 10 da cuenta de que no será esta administración la que le ponga fin.
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