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Revista Puerto 08-08-2018 - Nelson Saldivia El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó una nueva conciliación obligatoria en el conflicto que el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos mantiene con CEPA, CAPECA y CAPIP. La medida entró en vigencia en la noche del lunes y abre una negociación inicial de 15 días, prorrogables.
La autoridad laboral consideró que la entidad gremial incorporó nuevas demandas a las planteadas originalmente, lo que obligaba a retomar un proceso de negociación en el marco de una conciliación.
La cartera que conduce Jorge Triaca cuestionó el accionar del gremio: “Corresponde señalar que la conducta del sector sindical, dada la existencia de negociaciones en curso ante esta Autoridad de Aplicación, es violatoria de la buena fe”, reprocha la resolución en sus fundamentos.
De este modo, ordenan: “Dese por iniciado un período de conciliación obligatoria por el plazo de quince días, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 14.786”.
El Secretariado Nacional del SOMU permanece en Puerto Madryn y desde allí resolvieron acatar la conciliación, al reconocer que resistirse a la medida impuesta por el Ministerio que conduce Triaca los expondría a sanciones económicas millonarias, tal como ocurrió con el Sindicato de Camioneros, y hasta temen que la Nación imponga una nueva intervención sobre el gremio de los marineros.
Amenaza de intervención
Desde Madryn, Juan Navarro, el secretario de Pesca del SOMU, admitió que las conversaciones con las cámaras no han tenido avances y “el Ministerio de Trabajo de la Nación dicta una nueva conciliación obligatoria. Nosotros lo tomamos como una amenaza a nuestro derecho a huelga: si no acatamos, nos intervienen”, reveló.
“Venimos a explicarles a los trabajadores que a la CAPIP se la incluyó en esta nueva conciliación obligatoria. No sabemos por qué”, se preguntó Navarro.
El SOMU reclama por una actualización salarial al considerar que estuvieron tres años sin paritarias que afecto a los trabajadores del sector, mientras que las cámaras sostienen que desde 2015 a 2018, por tratarse de salarios dolarizados, tuvieron una recomposición por la variación de la moneda estadounidense.
En tanto, las empresas Conarpesa, Agropez y Bricel llegaron a un acuerdo con el gremio y aceptaron un sueldo básico de 10.300 pesos para la categoría más baja. Hasta ayer, el paro abarcaba a las empresas asociadas a las cámaras pesqueras CAPIP, CaPECA y CEPA.
Vuelta a pescar
La conducción del gremio comunicó a los marineros que debían volver a sus puestos de trabajo y que la medida de fuerza quedaba sin efecto. “Resulta evidente que esta nueva conciliación obligatoria dictada ha dejado de ser una herramienta de negociación al servicio de las partes para convertirse en un acto prepotente del levantamiento de la huelga aplicada en ejercicio del derecho que corresponde a los trabajadores del sector violando expresamente no solo la norma constitucional en la que se ampara este derecho sino resoluciones de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo”, plantearon los dirigentes al criticar de la decisión de Triaca.
No obstante, sostienen que esa organización gremial “fue compelida a dar cumplimiento con esta nueva conciliación obligatoria dictada sin fundamento de derecho alguno mediante advertencia directa del Ministerio de Trabajo sobre sanciones que podrían recaer a este sindicato por falta de cumplimiento de la conciliación dictada, sanciones que podrían consistir según dichos de los mismos funcionarios en multas, perdida de personería gremial y/o nueva intervención del gremio”, detallaron al indicar los caminos que podría tomar la Nación contra el SOMU.
“Ante la gravedad de las advertencias recibidas, el secretariado nacional en un acto de estricta responsabilidad dirigencial, ha resuelto por unanimidad acatar la conciliación obligatoria dictada de esta forma extorsiva persiguiendo con ello mantener la integridad de la organización gremial que tanto costó lograr”, concluyeron.
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