Revista Puerto 06-08-2018 - Nelson Saldivia El Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) que conduce Raúl Durdos firmó el sábado un acuerdo con las empresas Conarpesa y Agropez, propiedad de Fernando Álvarez Castellano, y los barcos de esas firmas fueron liberados, mientras se mantiene el paro contra el resto de las empresas independientes y asociadas a diferentes cámaras.

Hasta el momento, CAPIP y CAPECA mantienen sus posiciones, y la entidad con sede en Chubut negó que se hayan mantenido congelados los salarios en los últimos tres años, al indicar que por tratarse de sueldos dolarizados, registraron una mejora del 300 por ciento por el aumento del valor de la divisa respecto al peso. Además aseguran que un marinero al año obtiene un salario bruto de más de 1.800.000 de pesos.
Básico de 10.300 pesos

En tanto, el acuerdo entre el SOMU y las empresas de Álvarez Castellano señala que “a partir de la vigencia de la presente se establece un sueldo básico para la categoría de marinero de planta, en la suma de 10.300 pesos, aplicable en porcentaje a las distintas categorías y demás rubros fijos”. Se aclara que el acuerdo será percibido retroactivamente por todos los trabajadores a partir del 1 de abril de 2018

Por otro lado, se establece a partir del 4 de agosto de 2018 los siguientes valores para la liquidación de langostino. L1 a USD 4.756; L2 a USD 4.510; L3 a USD 3.690; L4 a USD 3.198; L5 a USD 2.870; Colas 1, 2 y 3 a USD 3.690; Cola rota a USD 2.460.

“Habida cuenta de lo convenido, las partes acuerdan un período de paz social mientras dure este acuerdo con vencimiento el día 31 de marzo de 2019, plazo en el cual toda diferencia o conflicto será tratado dentro del marco estipulado en el CCT oportunamente suscripto. Asimismo la empresa se compromete a no tomar represalias con el personal representado por el SOMU y a embarcar a los tripulantes que fueron desembarcados de oficio irregularmente”, pactaron en un acuerdo firmado por Raúl Durdos y Armando García en representación de Agropez y Conarpesa.
Altera la cadena de pagos

Por su parte, la Cámara Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), emitió un documento en el que refuta los planteos del gremio en el marco del conflicto laboral colectivo “iniciado por la nueva Comisión Directiva del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), y que mantiene paralizada desde el jueves 2 de agosto y por tiempo indeterminado a la flota pesquera, que opera históricamente en el litoral patagónico, y en particular en los puertos de Chubut”. Sostienen que la medida tendrá “un evidente perjuicio operativo, funcional, económico y financiero en las empresas, y que directa o indirectamente afectará las distintas unidades de negocio de las mismas y la cadena de pagos por las obligaciones de toda naturaleza asumidas, y a todas las actividades productivas que nacen a partir de la pesca, y que nuestra comunidad conoce a la perfección”.
Sueldos de 1,8 millones

CAPIP indicó que “según los confusos mensajes de la Entidad Sindical, el conflicto tendría origen en la supuesta falta de actualización del salario básico del personal de marinería y maestranza, sin embargo, el salario del personal embarcado está en su inmensa mayoría dolarizado, y en consecuencia en los últimos tres años (2015/2018) ha tenido un incremento o actualización de casi el trescientos por ciento (300%). Permítasenos destacar que gran parte de los trabajadores de la flota hoy bajo medidas de fuerza, perciben salarios en navegación que alcanzan los doscientos cincuenta mil pesos brutos mensuales ($250.000). Sí, leyó bien, 250.000 pesos brutos mensuales en navegación, cuando la empresa y su personal están en actividad, y totalizan en el año, un salario bruto de más de 1.800.000 de pesos”, hicieron saber desde la cámara.
Incentivo a la productividad

Asimismo, indicaron que se ha ofrecido pública y expresamente aumentar también el salario básico, “único que se devenga en pesos, en un 70 % de su valor actual, y agregar una suma fija permanente, como adicional de básico, de pago incluso en períodos de inactividad, que garantiza al personal efectivo de las empresas de todas las flotas, percibir este pago conformado durante todo el año, si no hubiere uno superior. Alcanzando está suma conformada un valor aún mayor que el pretendido por la Entidad Sindical. Finalmente se ofreció, aunque no fue solicitado por el Gremio, un aumento de más del 100% al incentivo de productividad diferencial, incorporado como novedad en el último Convenio Colectivo, y con destino exclusivo a los buques arrastreros merluceros, más allá de la escasa rentabilidad que registra este sector específico”, manifestaron.

“No es de interés de esta Cámara ahondar en números ni porcentuales que son propios de la actividad, pero la breve reseña permite dar por tierra toda especulación maliciosa, falaz y arbitraria que han pretendido esgrimir para tratar de justificar la decisión de un paro de actividades que no reconoce lógica, equidad, ni legalidad alguna”, refutaron contra el gremio.
Conciliación no acatada

Cabe recordar que la autoridad laboral provincial ha determinado, mediante Resolución 183/2018, someter el conflicto descripto a la instancia de conciliación obligatoria, instando a los sectores gremial y empresarial a retrotraer la situación al estado anterior al conflicto y a cesar de inmediato e inhibirse en el futuro de realizar cualquier clase de medida de fuerza. El Ministerio de Trabajo de la Nación también dictó otra conciliación obligatoria que hasta el momento no ha sido acatada por el SOMU.

“Sin embargo, incumpliendo las obligaciones legales, la Entidad Sindical, ha hecho caso omiso y desobedecido el mandato legal de la Autoridad, actuando al margen de lo que la ley dispone, exponiéndose a las sanciones que se prevén para este tipo de situaciones, y exponiendo al personal a sanciones laborales por la ilegalidad e ilegitimidad de la decisión adoptada”, advirtió la cámara patagónica. “Es difícil saber qué razones movilizan a la Entidad Sindical a llevar adelante está medida de hecho, pero sin dudas no parecieran ser las esgrimidas públicamente, por esa razón nos permitimos sugerir a todas las partes a actuar con la reflexión, responsabilidad y sapiencia que situaciones como la descripta amerita, dejando de lado medidas de fuerza que dañan aquello que se dice defender -el trabajo y su remuneración-, posibilitando un diálogo constructivo, sin imposiciones, ni presiones que desnaturalice un proceso paritario, buscando una justa composición de intereses, y encausando el tramite dentro del marco legal”, plantearon.
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